El principio de democratización de la propiedad accionaria estatal opera en los procesos de privatización de empresas estatales en los que hay una transferencia de propiedad del sector público al privado, pero no en la enajenación de acciones entre entidades estatales.

En el caso bajo estudio, dicho principio no resulta aplicable, pues no se trata de un proceso de privatización sino que el acuerdo demandado expedido por el Concejo de Ibagué pretende que el Instituto Ibaguereño de Acueducto y Alcantarillado (IBAL) se transforme en una empresa de servicios públicos oficial en la modalidad de sociedad por acciones, de acuerdo con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 142 de 1994.

Dentro del proceso de transformación autorizado a través del acuerdo acusado, el Instituto debe adoptar la naturaleza de empresa de servicios públicos oficial y en la modalidad de sociedad por acciones, por no tenerla, la cual se caracteriza por estar conformada de un capital constituido por el 100 % de aportes de entidades estatales (oficiales), resulta procedente que la venta de acciones solo pueda realizarse a entidades estatales del municipio de Ibagué. En razón de lo anterior, el acuerdo acusado se encontró ajustado a la ley (C. P.: Nubia Margoth Peña Garzón).