El escrito se dirige contra la expresión “Las demás Empresas Sociales del Estado (ESE) elaborarán sus presupuestos anuales con base en el recaudo efectivo realizado en el año inmediatamente anterior al que se elabora el presupuesto actualizado de acuerdo con la inflación esperada de ese año”, contenida en el artículo 28 de la Ley 1508 del 2012, que establece el régimen de las asociaciones público privadas (APP). La norma señala un condicionamiento presupuestal para algunas ESE que celebren contratos bajo el esquema de APP. Según los demandantes, la norma viola la unidad de materia y el derecho a la igualdad de un número importante de ESE (demandante: Manolo Rojas Riaño).