Así lo sostuvo la Sección Tercera del Consejo de Estado al estudiar la presunta responsabilidad estatal por los daños derivados de infecciones intrahospitalarias. Para el alto tribunal, la prueba del nexo de causalidad, con base en la aplicación de indicios, es procedente en aquellos eventos y su formulación deberá tener en cuenta las reglas de la experiencia y las circunstancias fácticas acreditadas. Del mismo modo, agregó, las nociones clásicas sobre el nexo de causalidad deben ser complementadas con otros entendimientos en los que, por encima de la proximidad y la idoneidad de cierto antecedente en la producción de determinado detrimento, cobran preponderancia las constataciones relacionadas con el agente a quien le asistía capacidad para evitarlo. De otro lado, la providencia advirtió que si bien la corporación no se ha ocupado de desarrollar una dogmática específica aplicable a los casos derivados de infecciones nosocomiales en los que no existe falla probada del servicio, sí ha trazado unas primeras pautas para afirmar, en consonancia con la tendencia que impera en el derecho comparado, que estos deben ser analizados desde un régimen objetivo de responsabilidad, como sería el riesgo excepcional (C. P. Danilo Rojas).