La negativa de acceso a la documentación pública debe ser debidamente motivada e indicar expresamente las normas que someten a reserva los documentos objeto de la solicitud. Si a juicio de la entidad pública la entrega de documentos puede implicar riesgo o posible vulneración de derechos de terceros, debe indicarlo, y ante la insistencia del peticionario, deberá remitir el asunto a la jurisdicción contenciosa, para que decida sobre la procedencia o no de la entrega. Así lo indicó el Ministerio de Hacienda, en concepto de noviembre.