“Los beneficiarios del pago de sentencias de reparación directa siguen en sala de espera”

¿En qué va el pago para las víctimas de acciones de reparación directa contra el Estado?

 

Juan Felipe Roldán Pardo: Sin perjuicio de los importantes esfuerzos que ha realizado el Gobierno del presidente Iván Duque por cerrar la brecha de pagos insolutos a las víctimas de acciones de reparación directa, este todavía no es un tema menor que sigue afectando a los damnificados.

 

A la fecha no hay certidumbre del cumplimiento de la totalidad de los pagos previstos bajo el Decreto 960 del 2021-Plan Nacional de Desarrollo y, menos aún, sobre qué ocurrirá con los turnos de pago no cobijados bajo el mismo.

 

¿Cuál es el avance del artículo 53 de la Ley 1955 del 2019, que establece que la Nación podrá reconocer como deuda pública las obligaciones de pago originadas en sentencias o conciliaciones debidamente ejecutoriadas y los intereses derivados de las mismas que estuvieran en mora hasta el 25 de mayo del 2019?

 

J. F. R. P.: Pese a los esfuerzos realizados por el Gobierno saliente, la operatividad que implica para las entidades efectuar dichos pagos no ha permitido que las mismas fueran capaces de cumplir integralmente con el pago de sus obligaciones.

 

¿Cuál es el reto del Gobierno entrante respecto al pago de obligaciones derivadas de sentencias judiciales en mora?

 

J. F. R. P.: Por lo anterior, el reto del Gobierno entrante de cumplirle a los colombianos con el pago de las sentencias/conciliaciones derivadas de reparación directa es inmenso. Actualmente, el Gobierno saliente deja una deuda estimada de 12 billones de pesos, esto lo que indica es que cientos de colombianos seguirán a la espera del pago de su derecho.

 

A esto se le suma el hecho de las subidas de las tasas de interés a nivel mundial, del cual Colombia no ha sido ajeno. Por eso, la deuda continuará creciendo en cabeza del Estado colombiano a mayor velocidad por concepto de intereses de mora en estos pagos. Es preciso anotar que este mes la tasa de usura se ubica cercana al 32 %, cuando, en el 2021, estaba alrededor de un 26 %. Solo este 6 % le genera al Estado un pasivo anual adicional de, aproximadamente, 720.000 millones de pesos.

 

¿Cuánto tiempo tardará el Estado en cumplir su compromiso al 100 %?

 

J. F. R. P.: Es complicado fijar un tiempo exacto. Sin embargo, y bajo los históricos que se han visto en los últimos seis años, están tomando cerca de un año para pagar el equivalente a un billón de pesos en obligaciones adquiridas y, si sumamos las nuevas obligaciones, el alza en las tasas de interés, y los compromisos anunciados por el Gobierno entrante, en mi opinión, no tardará menos de 10 años en ponerse al día, tiempo que, lastimosamente, deben seguir esperar los afectados.

 

¿Existen alternativas que acorten el tiempo de pago de los derechos adquiridos?

 

J. F. R. P.: Existen varias iniciativas privadas que han buscado acortar estos tiempos mediante la compra de los derechos económicos de las sentencias de reparación directa a las víctimas.

 

Esto les permite a los beneficiarios obtener de manera efectiva la liquidez inmediata de la condena económica proferida a su favor.

 

Dicha figura está debidamente regulada en nuestro sistema jurídico, y ofrece soluciones tangibles y seguras a corto plazo para quienes no tengan la posibilidad económica de seguir en la incertidumbre y espera que se presupuesten y designen los recursos para el pago de sus sentencias.

 

Como en todo, es importante que los beneficiarios y sus apoderados se informen sobre las entidades que prestan este tipo de soluciones, para asegurar que están contratando con organizaciones serias que tengan la capacidad de cumplir sus compromisos de pago.

 

A modo de ejemplo, KOMSEN es un referente en el mercado de compra de derechos económicos de sentencias de reparación directa. No solo fue uno de los primeros actores en llevar a cabo el negocio de manera profesional, sino que es un referente en la industria y para los beneficiarios por su profesionalismo, agilidad y compromiso.

 

Juan Felipe Roldán Pardo

 

Es socio de Gamboa, García & Cardona Abogados, y miembro del Comité de Inversión del Fondo de Capital Privado Cattleya, de la Junta Directiva de Aritmetika SAS, del Banco Credifinanciera S.A. y de la Cámara Colombo China de Inversión y de Comercio.

 

Tiene más de 12 años de experiencia asesorando a empresarios en transacciones de compra y venta de compañías, transacciones financieras, estructuración de proyectos y, en general, apoyándolos en el desarrollo de sus negocios. Enfoca su práctica en transacciones transfronterizas, inversión extranjera, estructuración de negocios y resolución de disputas.

 

Obtuvo su título de abogado en la Universidad de los Andes. Recibió su LLM de la Northwestern University, magna cum laude (Chicago, Illinois), y cuenta con una licenciatura en Administración de Empresas del Instituto de la Empresa (Madrid, España).