El Gobierno sancionó la ley que exceptúa a la Unidad Nacional de Protección durante la presente vigencia fiscal y la del año 2018 de la aplicación de las restricciones previstas en el artículo 92 de la Ley 617 del 2000, norma que fijó algunas limitaciones en torno al crecimiento anual de los gastos de personal de las entidades públicas nacionales, los cuales no pueden superar, en promedio, el 90 % de la meta de inflación esperada para cada año. La nueva ley materializa la implementación inmediata de las medidas de protección de que trata el punto 3.4.7.4 del Acuerdo Final de Paz. Esta iniciativa fue tramitada por el fast track y autoriza a dicha entidad a ampliar sus gastos de personal con el propósito de proteger a los miembros de las Farc y a los civiles que el Gobierno determine en pro de la implementación.