Así lo reiteró la Sección Tercera del Consejo de Estado luego del análisis  doctrinal de las diferencias entre las acciones de reparación directa y la de nulidad y restablecimiento del derecho. El pronunciamiento se debe a la ineptitud sustantiva por indebida escogencia de la acción de las demandas que llegan diariamente a la Sala, y que han hecho que esta  se inhiba de realizar un pronunciamiento de fondo sobre los asuntos que son de conocimiento de la jurisdicción. Por consiguiente, reiteró que el criterio útil en la determinación de la acción procedente para reparar daños generados por la administración es el origen de los mismos, de manera tal que si la causa del perjuicio es un acto administrativo debe acudirse a la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, mientras que en los casos que el perjuicio haya sido causado por un hecho, una omisión, una operación administrativa, la ocupación temporal o permanente de un inmueble será procedente la acción de reparación directa, estipulada en el artículo 86 del mencionado código (C.P. Martha Nubia Velásquez).