Con fundamento en el análisis de las obligaciones establecidas en el Convenio 169 de la OIT, el Consejo de Estado concluyó que este instrumento no exige a los Estados signatarios la creación de una carrera administrativa para etnoeducadores. Esto es así, termina el concepto, por cuanto la Constitución y el bloque de constitucionalidad no contienen precepto alguno que ordene la creación del mencionado sistema especial de carrera administrativa (C. P. Édgar González).