Con el fin de garantizar la transparencia del proceso electoral del próximo 30 de octubre y prevenir la indebida participación en política de los servidores públicos y la desviación de dineros estatales con fines partidistas, la Procuraduría General de la Nación, a través de una directiva unificada, les pidió a tales funcionarios acatar las restricciones sobre contratación, vinculación de personal, utilización de bienes e inauguración de obras públicas previstas en la Ley de Garantías Electorales (Ley 996/05), que acaban de entrar a regir (cuatro meses antes de los comicios). Por ejemplo, los mandatarios regionales no pueden celebrar convenios interadministrativos para la ejecución de recursos públicos ni participar, promover o destinar recursos públicos de las entidades a su cargo para reuniones de carácter proselitista. Tampoco podrán inaugurar obras públicas o iniciar programas de carácter social en reuniones o eventos en los que participen candidatos. La nómina no podrá modificarse, salvo que se trate de provisión de cargos por faltas definitivas, con ocasión de la muerte o renuncia irrevocable del cargo correspondiente debidamente aceptada y en los casos de aplicación de las normas de carrera administrativa.