Resulta inadmisible que en un Estado de derecho el particular que ha cumplido con todos los trámites exigidos por la ley para poder disponer de una mercancía importada y que, además, aporta la prueba de que así lo hizo sea privado de dicha disposición porque la entidad encargada de ejercer los controles no cuenta con los medios necesarios para establecer la veracidad de los documentos aportados o, peor aún, porque se faltó a la obligación de conservación de los mismos. Por lo anterior, el Consejo de Estado declaró la responsabilidad administrativa y patrimonial de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) por la pérdida de la declaración de saneamiento presentada por un particular para probar la legalidad aduanera de un vehículo que le fue inmovilizado (C.P. Ramiro Pazos Guerrero).