La Constitución de 1991 eliminó los controles previo y preceptivo, como etapas que pretendían garantizar la existencia de una administración transparente y eficiente, desligando a los entes fiscalizadores de la participación en las decisiones de la administración y enfocando el control hacia la verificación de objetivos y metas acordes con los estándares señalados por las finalidades del Estado, señaló la Contraloría General de la República, en concepto reciente. Las leyes 42 de 1993 y 610 del 2000 son los principales referentes normativos en lo que a vigilancia fiscal y defensa del patrimonio estatal se refiere, y la Resolución Orgánica 5544 del 2003 establece la metodología para la rendición de cuentas e informes que los sujetos obligados deben presentar a la entidad.