El Consejo de Estado le solicitó a la Corte Suprema de Justicia, a la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría General de la República que certifiquen si, al momento de ser votada la conciliación de la reforma a la justicia, adelantaban alguna investigación contra los congresistas que unificaron el texto del proyecto de acto legislativo. Así mismo, se ofició a la Secretaría General de la corporación y a la Sección Quinta para que indiquen si en ese entonces cursaba alguna demanda de pérdida de investidura o acción de nulidad electoral en contra de alguno de los 12 legisladores. En caso afirmativo, indica la providencia, se deben precisar los detalles de la actuación. El requerimiento hace parte de la acción promovida contra estos dirigentes por supuesto conflicto de intereses, luego de que la Sala Plena del alto tribunal decidiera no acoger la ponencia de la magistrada María Claudia Rojas Lasso, quien proponía desechar las pretensiones elevadas por el demandante. Para la plenaria, es necesario practicar nuevas pruebas antes de emitir el pronunciamiento definitivo (C. P. María Claudia Rojas).