La competencia que el Ejecutivo asignó a Colombia Compra Eficiente en lo que se refiere a la planeación, estructuración, celebración y ejecución de los acuerdos marco de precios no contraviene el ordenamiento jurídico superior ni representa una amenaza de vulneración de derechos, bienes o intereses jurídicos. Así lo afirmó la Sección Tercera del Consejo de Estado al negar la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos jurídicos de algunos apartes del artículo 2.2.1.2.1.2.9 del Decreto 1082 del 2015, único reglamentario del sector administrativo de planeación nacional. Según el alto tribunal, es la naturaleza jurídica singular de estos acuerdos la que permite asignarle dichas funciones al organismo centralizado de compras públicas, que tiene el deber de generar los medios idóneos y necesarios para el desarrollo del objeto contractual pactado a partir de las concretas órdenes de compra que cada entidad pública emita al amparo de un acuerdo (C. P. Jaime Orlando Santofimio).