Un juzgado administrativo de Bogotá admitió una acción popular en contra del Distrito Capital y el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) que busca parar el proceso de contratación sobre el “corredor verde” por la Carrera Séptima de la ciudad, por la presunta vulneración de los derechos colectivos a la moralidad administrativa, la amenaza al patrimonio público, el goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público.

Los accionantes sostienen que la Alcaldía de Bogotá y el IDU desatendieron la buena fe y la confianza de los ciudadanos al abrir las licitaciones para el proyecto, dado que, en su opinión, se asemeja considerablemente al Transmilenio, una acción que la alcaldesa Claudia López había prometido no llevar a cabo.

Por otro lado, el juzgado acumuló el proceso con la acción popular remitida por el Juzgado 44 Administrativo de Bogotá, toda vez que tienen un objetivo común y deberá emitirse un solo pronunciamiento judicial que resuelva el asunto de fondo.

Finalmente, al proceso se vincularon todas las empresas, sociedades, consorcios o uniones temporales que tengan la calidad de oferentes dentro de los procesos de licitación IDU-LP-DG- 003-2023, IDU-LP- DG-004-2023 e IDU-LP-DG- 005-2023, por ello se ordenó al IDU a remitir al despacho el nombre de todos ellos (Juez: José Ignacio Manrique Niño).

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