La providencia de la Sección Primera del Consejo de Estado determinó que el Ministerio de Transporte excedió su potestad reglamentaria con la expedición de la Resolución 2272 del 6 de agosto del 2014, la cual reguló el procedimiento para permitir que en los puertos privados se pueda transportar mercancía de sociedades no vinculadas ni jurídicamente ni económicamente a la sociedad concesionaria del puerto. El ponente afirmó que el acto acusado permite que empresas sin relación económica, ni jurídica, con la sociedad a la que se le otorgó la concesión del puerto privado transporten por éstos sus mercancías, en contravía de lo establecido en el artículo 5.14. de la Ley 1 de 1991, que define los puertos privados como aquellos en los cuales solo se puede transportar mercancía de la sociedad concesionaria o de las sociedades jurídica o económicamente vinculadas a esta (C.P. Guillermo Vargas).