Las sanciones contempladas en la Ley 10 de 1990 para las instituciones prestadoras de servicios de salud por parte de los entes territoriales y de la Superintendencia Nacional de Salud son compatibles con las normas que han sido proferidas posteriormente, como las leyes 100 de 1993, 715 del 2001, 1122 del 2007 y 1438 del 2011. Por lo tanto, la norma en mención está vigente, ya que no ha sido derogada ni expresa ni tácitamente ni subrogada en su totalidad por otras normas, precisó el Ministerio de Salud. La disposición cuestionada establece multas, intervención de la gestión administrativa y/o técnica de las entidades prestadoras de servicios de salud, suspensión o pérdida definitiva de la personería jurídica o de la autorización de ejercicio, entre otras sanciones.