La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado reiteró su precedente horizontal y la línea jurisprudencial según la cual los perjuicios morales no pueden ser sometidos a reglas, procedimientos o instrumentos de objetivización, ya que están encaminados a compensar bienes jurídicos subjetivos. La Sala agregó que esos bienes no pueden ser sometidos a ponderación, ya que no existen derechos en conflicto o tensión. Por otra parte, el contencioso marcó diferencias frente a la Corte Constitucional, corporación que señaló que para la tasación del perjuicio moral el valor de la indemnización atenderá a la gravedad objetiva de la lesión. Para la Sección, requerir una prueba objetiva en eventos en los que se estudia la pérdida de un ser querido o las lesiones psicofísicas padecidas es una imposición que desborda la misma lógica y razonamiento del juez constitucional. Así las cosas, la subsección señaló que la forma para resarcir el daño moral es a través de los principios del arbitrio iudicis y la equidad. En el caso concreto, el Consejo de Estado declaró la responsabilidad de la Nación – Rama Judicial por la privación injusta de la libertad de un ciudadano (C.P. Enrique Gil Botero).