La Sección Tercera del Consejo de Estado recordó que la presentación de estados financieros debidamente certificados o dictaminados en el curso de los procesos de contratación estatal no solo le permite a la administración verificar el cumplimiento de los requisitos de capacidad financiera fijados en el pliego de condiciones, sino que también permite realizar un ejercicio comparativo entre las diferentes propuestas teniendo como base fuentes de información contable totalmente fidedignas.

De conformidad con los establecido por el artículo 37 de la ley 222 de 1995, los estados financieros certificados son aquellos que son elaborados por el representante legal de la entidad y el contador público, quienes declaran o certifican frente a los asociados o terceros que previamente han verificado la información contenida en ellos y que estos son producto de la información contenida en los respectivos libros de contabilidad (Vea: Contador miembro principal de junta directiva puede firmar estados financieros)

En ese contexto, explicó que la exigencia de llevar una contabilidad transparente y organizada, así como también la de aportar los estados financieros debidamente certificados o dictaminados en los casos que así lo exige la ley no obedece a la intención caprichosa de imponer a los proponentes excesivos formalismos al interior de los procesos de selección.

Esto hace parte del desarrollo de los principios y normas generalmente aceptadas de contabilidad mediante los cuales se procura que las sociedades comerciales y en general todos los entes económicos mantengan una información clara y completa de su actividad económica, explicó el alto tribunal.

 (Consejo de Estado Sección Tercera, Sentencia 05001233100020020245001 (42170), Oct.15/15, C.P. Jaime Orlando Santofimio)

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