Luego de recordar que el objeto social es el que define la capacidad jurídica y determina la posibilidad de las sociedades de participar en procesos de selección, la Sección Tercera del Consejo de Estado resaltó el concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil acerca de los contratos conexos que integran el giro de los negocios de las entidades financieras de carácter estatal, y explicó la clasificación del objeto social de una empresa.

En ese sentido, el tribunal indicó que dicho objeto se encuentra integrado por:

1. Los actos que están comprendidos en la noción de la actividad. (Lea: ¿Qué obligaciones tributarias tiene la persona jurídica que se dedica a la prestación de servicios legales?)

2. Los actos que están directamente relacionados con esa actividad.

3. Por otros actos que tienen como finalidad “(...) ejercer los derechos y las obligaciones, legal y convencionalmente derivados de la existencia y actividad de la sociedad”.

Así mismo, existe una sanción de ineficacia a la enunciación de actividades indeterminadas, atendiendo al criterio de especialidad acogido por el legislador en esta materia.

Por último, con fundamento en el precitado concepto, concluyó:

1. Para que un acto o contrato celebrado por una persona jurídica sea válido, debe encontrarse comprendido dentro del objeto señalado bien por la ley o por los estatutos, según el tipo de entidad de que se trate.

2. El objeto social o de la empresa se compone por los tres conceptos reseñados.

3. El objeto principal de una sociedad está integrado por los actos propios de la actividad económica que tal entidad está llamada a desarrollar.

4. El objeto secundario se compone, a su vez, de dos tipos de actos: los que tienen relación directa con la actividad principal y los que se realizan para ejercer derechos y obligaciones derivados de la existencia de la sociedad. (Lea: Precisiones sobre el giro ordinario de los negocios para efectos de inclusión en la base gravable del ICA)

5. Todos los actos accesorios o que componen el objeto secundario deben tener relación de medio a fin con el objeto social, so pena de su ineficacia (C. P. Ramiro Pazos).

CE Sección Tercera, Sentencia 17001233100020030089601 (37485), Feb. 14/2018