Los oficios a través de los cuales la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales entrega proyectos de contrato a personas jurídicas que manifiestan su voluntad de acogerse al régimen de estabilidad tributaria previsto en el artículo 240-1 del Estatuto Tributario, en un término inferior al solicitado, pueden tenerse como verdaderos actos administrativos, ya que producen efectos jurídicos y ponen fin a actuaciones administrativas promovidas por los contribuyentes, señaló el Consejo de Estado. Por lo tanto, como la causa del presunto daño es un acto administrativo y no una vía de hecho imputable a la administración, como lo alegó el demandante por considerar que la DIAN le hizo creer la aceptación de su solicitud tal y como fue planteada, la corporación negó la acción de reparación directa ejercida. De otra parte, advirtió que la ley no permite ejercer dicha acción para subsanar el ejercicio tardío de la de nulidad y restablecimiento del derecho (C.P. Danilo Rojas Betancourth).