La Procuraduría General de la Nación le solicitó a la Superintendencia de Salud (Supersalud) revocar la Circular Externa 03 del 2013, en la que dictó instrucciones a los prestadores de salud sobre las obligaciones y restricciones relacionadas con la interrupción voluntaria del embarazo (IVE).

El Ministerio Público recordó que, según la decisión del Consejo de Estado que declaró la nulidad de las circulares externas 03 del 2011 y 058 del 2009, también relativas a la IVE, la Supersalud carece de competencias para la asignación y el otorgamiento de este servicio.

Según la entidad, las regulaciones consagradas en las circulares anuladas contienen disposiciones idénticas a las del Decreto 4444 de diciembre del 2006, declarado nulo el pasado 18 de marzo.

Así, para la Procuraduría, la Supersalud “carece en absoluto de facultades para regular la materia a que se contraen los actos acusados (…) y con mayor razón carece de competencia para haberse ocupado de las medidas que adoptó en los numerales quinto, sexto y séptimo de la Circular Externa 03 de 2011, referentes a regular la objeción de conciencia, pues esta (…) constituye un derecho fundamental, cuya regulación mediante leyes estatutarias está asignada de manera privativa al Congreso de la República por el artículo 152 Constitucional”.

Finalmente, advirtió que la Superintendencia Nacional de Salud ha proferido y mantenido vigentes actos administrativos idénticos a otros que ya han sido suspendidos y anulados.