La Procuraduría General de la Nación finalizó a la actuación preventiva relacionada con el esquema de prestación del servicio de aseo adoptado en Bogotá desde el pasado 18 de diciembre.

La entidad dio traslado de la actuación y de las quejas presentadas al procurador auxiliar de asuntos disciplinarios del Ministerio Público, con el propósito de que establezca si hay méritos para iniciar una investigación disciplinaria.

El pasado miércoles, el defensor del pueblo, Jorge Armando Otálora, presentó una queja contra alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, por la posible afectación de la salubridad pública de los habitantes del Distrito Capital.

Según la petición, la situación que vive la ciudad podría calificarse como una falta gravísima, de acuerdo con el numeral 38 del artículo 48 de la Ley 734 del 2002, lo que daría lugar a destitución e inhabilidad de 10 a 20 años para el ejercicio de funciones públicas.

Por su parte, el alcalde indicó que durante la etapa de transición del Decreto 564 del 2012, que creó un modelo transitorio para asegurar la prestación del servicio de aseo, la administración distrital responderá por el 52 % del servicio, mientras que el 48 % restante será prestado por las empresas Ciudad Limpia, Aseo Capital y Lime.