Dado el interés jurídico que con los efectos del principio del equilibrio económico del contrato se pretenden tutelar, este se encuentra presente en todo tipo de relación negocial que da origen a un vínculo contractual, con independencia del régimen normativo que lo regule. Por ello, el Consejo de Estado señaló que dicho principio es aplicable a los contratos realizados por las empresas prestadoras de servicios públicos, con independencia de que estos sean regulados por el derecho privado. Al respecto, el alto tribunal recordó que la Ley 80 de 1993, actualmente vigente, dispuso en su artículo 27 que si alguna de las partes de la relación contractual resultare afectada con el rompimiento del equilibrio financiero del contrato podría acudir a su restablecimiento adoptando las medidas necesarias (C.P. Mauricio Fajardo Gómez).