Antes del próximo 8 de mayo, las autoridades y organismos de transporte deberán informarle a la Superintendencia de Puertos y Transporte la estrategia que han implementado para controlar las actividades ilegales en la prestación del servicio público de transporte terrestre automotor en sus jurisdicciones. Igualmente, deberán entregar estadísticas sobre la cantidad de prestadores ilegales de ese servicio, dentro de los 30 días hábiles siguientes a la expedición de la Circular Externa 8 del pasado 13 de abril.