El Gobierno objetó esta semana, por razones de inconstitucionalidad e inconveniencia, un proyecto de ley que pretende modificar el régimen especial de salud de las universidades estatales u oficiales. Según la iniciativa, serán afiliados al sistema universitario de salud, entre otros, las personas que al término de su relación laboral estén afiliados al mismo y adquirieran el derecho a la pensión con la misma universidad o con el sistema de pensiones. En opinión del Ejecutivo, esta disposición vulnera el principio de igualdad consagrado en el artículo 13 de la Carta Política, al generar un trato discriminatorio frente a los demás pensionados, que están obligados a pertenecer al régimen contributivo del Sistema General de Seguridad Social en Salud.