Por intentar dilatar el proceso contra su reelección, el Consejo de Estado investigará al procurador Alejandro Ordóñez. Así lo concluyó un auto de ponente de la consejera Rocío Araújo, de la Sección Quinta.

Pero esta no es la primera vez que se decide sobre una recusación en este polémico caso. Para contextualizar, hay que comenzar diciendo que la solicitud fue instaurada por la Comisión Colombiana de Juristas, el Centro de Estudios Constitucionales Plural, la  Corporación Viva la Ciudadanía y Foro por Colombia, en enero del 2013.

Ámbito Jurídico presenta a sus lectores un resumen detallado de la mayoría de acciones judiciales que se han interpuesto en este proceso, lo que ha generado un debate en la opinión pública sobre si se busca dilatar y torpedear la decisión final del Consejo de Estado.

En julio del 2014 se presentó una recusación contra el consejero Alberto Yepes, ponente encargado del caso mientras se elegía el remplazo de Mauricio Torres Cuervo, con el fin de que se apartara de la demanda de nulidad contra la segunda elección del procurador. Según sostenía la defensa, el magistrado Yepes habría quebrantado la ley procesal por haber, supuestamente, revelado la ponencia a los medios de comunicación.

Vale la pena precisar que, días después, la Sala Plena de Consejo de Estado decidió asumir el conocimiento de la acción de nulidad, pues, a su juicio, se trataba de un asunto de trascendencia nacional, justo en el momento cuando la Sección Quinta tenía todo listo para proferir una decisión de fondo.

Finalizando el mes de julio, el director de Dejusticia, Rodrigo Uprimny, uno de los demandantes de la reelección del jefe del Ministerio Público, recusó a seis magistrados del Consejo de Estado que participarían en la resolución de este asunto. De acuerdo con Uprimny, si la corporación había evidenciado un factor inhabilitante en el hecho de que un funcionario hubiera tenido participación en el nombramiento de sus propios electores, también debía concluirse que nadie puede ser juzgado por funcionarios elegidos con la participación del propio demandado.

“Así como hoy, gracias al recientísimo y notable desarrollo jurisprudencial de esta Sala Plena sobre el significado del artículo 126 de la Constitución, se prohibió el ‘yo te elijo, tú me eliges’, debe entenderse que está igualmente prohibido el ‘yo te elijo y tú me juzgas’, o peor aún el ‘yo te elijo y tú juzgas si yo sigo en mi nuevo cargo”, sostenía el exmagistrado de la Corte Constitucional.

En el 2015, la Sala Plena de la alta corporación administrativa continuó con el estudio de la ponencia de Yepes, que pedía declarar nula la elección. Sin embargo, al elegirse el remplazo del consejero Mauricio Torres Cuervo, quien tenía en su despacho la competencia del caso, pasó a un nuevo ponente, la consejera Rocío Araújo, que en el ámbito de su discrecionalidad tenía la posibilidad de seguir con esta o apartarse de ella.

Se debe recordar que en ese año existieron algunos inconvenientes en la conformación de la Sala Plena, al existir demoras en algunos nombramientos de consejeros, lo que produjo, tiempo después, una reforma en el reglamento interno de la corporación.

Así las cosas, en abril del 2016, la Sala continuó el estudio de la demanda, ahora con la ponencia de Araujo. Al respecto, según se ha dado a conocer, la consejera estaría de acuerdo con la petición que fue presentada hace unos años y que pretende la nulidad de la reelección.

De acuerdo con lo anterior, se sostiene que el proceso de reelección se desarrolló violando el artículo 126 de la Constitución, que reprocha los lazos entre los posibles designados y los servidores públicos con el poder de hacer la designación.

El último episodio en la Sala ocurrió luego de que varios consejeros solicitaran la ponencia para su estudio y se interpusiera una recusación contra los magistrados Stella Conto y  Alberto Yepes.

No obstante, un auto rechazó la recusación formulada por el procurador contra los consejeros Alberto Yepes y Stella Conto, por supuestamente, nuevamente, haber filtrado la última ponencia del proceso que se sigue desde hace varios años. La magistrada ponente advirtió que en esta petición se advierte una "conducta desleal y dilatoria".

Así, se compulsaron copias a la presidencia del Consejo de Estado, para que investigue a Ordóñez, y al consejo seccional de la judicatura, para que investigue a su apoderado, Alejandro Cadena Molano, sobre las conductas que podrían ser objeto de sanción disciplinaria. Finalmente, en el auto se acepta la renuncia del abogado Miguel González Rodríguez como apoderado del jefe del Ministerio Público.

Con todo lo anterior, se espera que en las próximas jornadas la alta corporación administrativa tome una decisión sobre este proceso, que ya lleva más de tres años de incertidumbre jurídica en el alto tribunal de lo contencioso administrativo.