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Administrativo


La administración delegada, ¿opción para los inversionistas extranjeros?

Este puede ser el camino más seguro para que las sociedades extranjeras minimicen costos, controlen riesgos y, sobre todo, cuenten con representación legal confiable para establecerse con éxito en el país.
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24 de Julio de 2017

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Sala Edición 5 - Imagen Principal

 

Eliana Forero Álvarez

Gerente General de 9Alliance®

 

La rápida evolución de las formas de comunicación y el aumento exponencial de transacciones económicas transfronterizas tanto de bienes como de servicios han replanteado las formas tradicionales en que los inversionistas globales adelantan sus proyectos y, en consecuencia, la manera como atienden y entienden sus necesidades.

 

En tal sentido, los vehículos tradicionales de inversión extranjera consistentes en la compra de acciones o capitalización de proyectos, que permitían cierta distancia con la operación directa de la actividad económica, han dado lugar a formas de inversión más complejas donde se busca un mayor retorno al involucrarse de manera cercana con el desarrollo de funciones, el uso de activos propios y la asunción de mayores riesgos, así como el aprovechamiento de la experiencia y de los conocimientos asumidos en su práctica local.

 

Sin embargo, esta cercanía con la operación implica la necesidad de conocer la realidad de esos nuevos territorios y sus particularidades. Así pues, la administración delegada resulta ser ‘una tendencia’ más allá de lo que la literatura indica al respecto. La figura consiste en subcontratar procesos necesarios en la empresa, pero que no son el objeto del negocio mismo, de manera que empresas especializadas en estos provean mayor eficiencia y eficacia.

 

Así entonces este concepto se extiende a cualquier área y va encaminado a cubrir las necesidades que podría tener un inversionista extranjero a la hora de establecer su negocio en Colombia. Y esto, ¿por qué? Porque ciertas actividades del negocio se encomiendan a terceros, de manera que el inversionista puede enfocarse en aquello a lo que más valor agrega y permite a sus delegados especializarse en lo suyo. 

 

La administración delegada es clave para una gestión integral que garantice la inversión de forma eficiente, tanto en aspectos administrativos, financieros y contables, como legales. Es la opción más segura para que las sociedades extranjeras reduzcan costos, controlen riesgos y, sobre todo, cuenten con una representación legal confiable que les permita establecerse con éxito en el país.

 

Solución integral para el inversionista

 

En los últimos años, Colombia se ha convertido en un destino atractivo para el inversionista extranjero, posicionándose como el segundo destino de negocios en la región y el primero en protección de la inversión, según el índice Doing Business del Banco Mundial.

 

De acuerdo con el Banco de la República, en el año 2016 la cifra de inversión extranjera directa creció 15,8 % respecto al 2015, a pesar de la desaceleración de los sectores de petróleo y minas. La protección a la inversión extranjera, la mano de obra calificada y un marco legal sólido y competitivo son los aspectos clave de dicho incremento.

 

En menos de una década, Colombia ha pasado a ser el líder regional en externalización de servicios y se espera que esta dinámica continúe en crecimiento. Desde el año 2010, los procesos de administración (BPO), los procesos de administración de recursos humanos (KPO) y los procesos de tecnología (ITO) han aumentando de forma considerable su participación en el PIB nacional.

 

Ante este panorama positivo, la administración delegada es la modalidad más eficaz para que las sociedades extranjeras inviertan en el país, dado que al ser un contrato de mandato, el contratante –en este caso el inversor– garantiza el control de su inversión y a la vez delega al contratista la administración y representación de esta de forma segura.

 

Más allá de ser meramente un tipo de contratación, el concepto de administración delegada ha empezado a ser entendido como una solución o servicio en sí mismo, encaminado a cubrir todas las necesidades que podría llegar a tener el inversionista extranjero a la hora de establecer su negocio en el país.

 

Conocimiento específico

 

En Colombia se promueve la libre actividad económica desde la misma Constitución: “La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin autorización de la ley. La libre competencia económica es un derecho de todos que supone responsabilidades” (artículo 333. Constitución Política).

 

No obstante, en la práctica, para un inversionista la legislación colombiana es bastante compleja y cambiante, lo que dificulta la administración de la operación. Indistintamente del objeto del negocio, dentro de esta gama legislativa se tienen: derecho de la empresa, régimen laboral, régimen de migración, régimen cambiario, régimen aduanero, régimen tributario, registro de marcas y permisos sanitarios, entre otros.

 

En la práctica, para un inversionista, la legislación colombiana es bastante compleja y cambiante, lo que dificulta la administración de la operación

 

Además de cubrir estas diferentes materias desde el punto de vista legal, es necesario la administración misma del negocio (desde encontrar un espacio físico y contratar personal básico, hasta llevar la contabilidad y finanzas de la empresa una vez se ha establecido en Colombia), para garantizar su funcionamiento y evitar los incumplimientos legales que generan sanciones económicas de alto impacto para cualquier compañía.

 

Para un extranjero –e incluso para cualquier nacional–, tener un conocimiento integral de todo este contexto resulta bastante complejo. Sin ánimo de ser fatalista, si no se está preparado, puede ser simplemente el comienzo del fin.

 

Para que tal cosa no suceda se hace necesario encontrar una solución que integre todas esas áreas de conocimiento, de tal manera que el inversionista se focalice en su negocio, pues realizar contratos de asesoría o de outsourcing para cada una de estas áreas resulta demasiado costoso, además de ser una tarea titánica.

 

Seis beneficios de su implementación

 

1. Reducción de costos

 

Delegar procesos en un tercero experto reduce gastos en las operaciones administrativas, financieras y legales. Esto genera un ahorro significativo de recursos que se traduce en mayor utilidad. El administrador se encarga de ejecutar las operaciones de manera efectiva y es el responsable de la subcontratación que se realice.

 

2. Focalización

 

Contar con un administrador experto le permite enfocarse en aspectos fundamentales, en especial en aquellas actividades que le otorgan ventajas frente a sus competidores. Esto facilita la optimización de los procesos, aligera las cargas laborales y genera una ejecución más organizada, así como mayor productividad.

 

3. Utilización de recursos multidisciplinarios

 

La integración de capital humano experto y especializado aumenta la capacidad y la calidad de los servicios, productos y procesos, lo que se traduce en una mayor eficiencia y en un crecimiento a menor costo.

 

4. Orientación de resultados

 

Delegar funciones permite trabajar con objetivos claramente definidos, superar los estándares de desempeño, aumentar la agilidad de los procesos, generar mayor rendimiento y propiciar estímulos y nuevos desafíos.

 

5. Control de riesgos

 

El administrador asume los resultados de la ejecución de los procesos y propicia la implementación de medidas que eviten o reduzcan situaciones de riesgo promoviendo acciones preventivas.

 

6. Gestión integral

 

La administración delegada garantiza una gestión integral, conectando y coordinando los procesos financieros, comerciales y legales en pro de la satisfacción del cliente, la sostenibilidad y la seguridad. El objetivo: asegurar eficazmente la competitividad de la empresa.

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