Los estímulos especiales de carácter económico o de otra índole creados a favor de funcionarios por el cumplimiento de sus funciones son inconstitucionales, pues de ellos se espera el desempeño de las labores encomendadas con diligencia, eficiencia, rectitud y ética en aras de cumplir con los principios que regulan el ejercicio de la función pública. Así lo sostuvo el Consejo de Estado para declarar la nulidad de varios artículos de una resolución expedida por el Director de DIAN que regulaba el pago de un incentivo creado por el Gobierno. La sentencia recordó que el Ejecutivo no está facultado para crear incentivos de carácter económico a favor de los funcionarios de la DIAN, en virtud de la inexequibilidad del artículo 90 del Decreto 1072 de 1999 (Sentencia C-275 del 2000), toda vez que es competencia del Congreso dictar la ley marco en relación con el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, facultad que no puede delegar en el Presidente de la República (C. P. Alfonso Vargas Rincón).