Al referirse a procesos de revocatoria del mandato como el que se adelanta contra el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, la Procuraduría advirtió que sugerirles a los ciudadanos participar o no en ellos violaría la prohibición de participación en política impuesta a los funcionarios.

El Ministerio Público señaló que si bien la revocatoria del mandato es un mecanismo de participación ciudadana reconocido constitucionalmente, también lo es que, con excepción del derecho al voto, los servidores públicos no pueden realizar actividades que impliquen participación en política, tal como lo dispone el artículo 127 de la Constitución.

Así lo expresó la Procuradora Delegada para la Descentralización y las Entidades Territoriales, en una comunicación dirigida a la alcaldías de Bogotá, Angostura (Antioquia), Achí (Bolívar), Campoalegre (Huila) y Florencia (Caquetá).

La procuradora indicó que, a la luz del Código Disciplinario, constituye causal de mala conducta la destinación de recursos públicos para actividades de proselitismo a favor o en contra de los procesos de revocatoria.

Vale la pena recordar que, la semana pasada, el ex secretario de Gobierno de Bogotá, Guillermo Alfonso Jaramillo, aseguró que el 80 % de las primeras 40.000 firmas radicadas en la Registraduría Distrital para solicitar la revocatoria del mandato del alcalde Gustavo Petro no cumplía los requisitos legales.