Al ser un derecho colectivo, la acción popular, por su naturaleza preventiva, interruptora, restitutoria y de indemnización, permite brindar un adecuado manejo al peligro, la amenaza, la vulneración o del daño al ambiente y es la acción idónea para la protección del ambiente sano, indicó una sentencia del Consejo de Estado (Vea: Acción popular puede usarse preventivamente para evitar daño ambiental).

No obstante, existen diferentes situaciones fácticas que pueden variar el tipo de juicio a seguir. Por ejemplo, la protección del derecho al ambiente sano también puede obtenerse a través del contencioso de nulidad simple, cuando el menoscabo o la amenaza se concreten en un acto administrativo (caso de las licencias ambientales).

Según lo explicó la sentencia, cuando esto ocurre, el daño que se produce (daño ambiental)  recae sobre toda la colectividad y no sobre un sujeto determinado, pues el quebranto de los bienes que componen ese derecho como el agua, el aire, la flora, la fauna, el suelo, etc., afecta a todo el conglomerado social.

Así mismo, son procedentes las acciones de reparación directa, de nulidad y restablecimiento del derecho, de controversias contractuales y de grupo, cuando la vulneración de ese derecho colectivo afecta de manera conexa intereses subjetivos.

Lo anterior sucede en el evento en que el daño ambiental traiga como consecuencia, “por vía de reflejo o de manera indirecta”, lesión o daño a los derechos subjetivos de uno o varios sujetos determinados o determinables, agrega el fallo. En este caso, el perjuicio indemnizable no es el mismo que se deriva de la afectación del derecho colectivo, sino es el que atañe a la esfera individual de las personas, que puede revestir connotación patrimonial (daño emergente y lucro cesante) o extrapatrimonial (C. P. Carlos Alberto Zambrano).

(Consejo de Estado Sección Tercera, Sentencia 76001233100019980091301 (30542), Mar. 14/16)

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