El Consejo de Estado determinó que es en el importador y no en la administración en quien recae la carga procesal de demostrar que los documentos que sustentan el ingreso de la mercancía a territorio nacional acreditan realmente la legalidad de la operación comercial. Ello porque, a juicio de la Sección Primera, si el organismo que controla encuentra que en los citados documentos ocurre alguna de las contradicciones señaladas en el numeral 1.6 del artículo 502 del Estatuto Aduanero, surgirá evidente la irregularidad, que deberá ser desvirtuada por el propietario, ya que es a él a quien corresponde señalar qué papeles soportan la procedencia legal de lo adquirido (C. P. María Elizabeth García).