Empleados públicos deben presentar la declaración juramentada de bienes y rentas sin ningún tipo de soporte
21 de Septiembre de 2023
La finalidad de la declaración juramentada de bienes y rentas consiste en detectar eventuales incrementos injustificados del patrimonio económico de un empleado público, es decir, se trata de un mecanismo que busca salvaguardar la moralidad pública e incentivar la probidad de los servidores. La verificación de autenticidad del contenido de dicha declaración se realiza mediante el sistema de muestreo o selección al azar.
La declaración juramentada de bienes y rentas se debe presentar ante la unidad de personal de las entidades públicas sin ningún tipo de soporte, pues únicamente en el evento en el que sea seleccionada por parte de la unidad de personal o por la autoridad competente para verificar lo manifestado será pertinente que el empleado público presente los soportes correspondientes.
No obstante, indicó el Departamento Administrativo de la Función Pública, el artículo 2 de la Ley 2013 del 2019 establece los altos funcionarios del Estado que están obligados a publicar y divulgar su declaración de bienes y rentas, registro de conflictos de interés y declaración del impuesto sobre la renta y complementarios.
Así las cosas, para efectos de la consulta, será necesario revisar si los asesores del alcalde municipal están dentro de los funcionarios señalados, con el fin de determinar si están obligados a publicar y divulgar su declaración de bienes y rentas. En caso de no estar obligados, solo deberán prestar dicha declaración al momento de su posesión en el empleo y la misma deberá ser actualizada a más tardar el último día del mes de marzo de cada anualidad.
Teniendo en cuenta que los datos consignados en la mencionada declaración se consideran como información de carácter reservado, solo podrá ser utilizada para los fines y propósitos de la aplicación de las normas del servicio público, por lo que solo podrá ser suministrada con el fin de verificar la información en el marco de un proceso judicial penal, disciplinario o de responsabilidad fiscal.
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