Luego de revisar 85 de los 298 contratos de obra con participación ciudadana celebrados desde el año 2005 a través del Instituto de Participación y Acción Comunal (IDPAC), la entidad denunció que en los casi 100 documentos analizados hay dudas sobre la legalidad jurídica y administrativa de los procesos, que pondrían en riesgo cerca de $ 11 mil millones de los fondos de desarrollo local. El informe reporta irregularidades como reajuste de precios amparados en adiciones expresamente prohibidas, prórrogas y modificaciones sin la debida modificación, falta de soportes para la ampliación o actualización de pólizas y falta de aprobación de garantías para la cobertura de amparos, entre otras.