El Consejo de Estado compulsó copias a la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes para que determine si investiga al conjuez de la Corte Constitucional y sacerdote Luis Fernando Álvarez, porque presuntamente actuó en el examen al régimen pensional de los congresistas estando incurso en una incompatibilidad para desempeñar labores jurisdiccionales. Al parecer, el sacerdote incurrió en la falta señalada en el artículo 151.5 de la Ley 270 de 1996, que prohíbe a los encargados de ejercer la función judicial representar algún ministerio religioso, por afectar la imparcialidad y la independencia que deben guiar sus actuaciones en nombre del Estado. La decisión se desprende de una acción de tutela mediante la cual otro religioso pretendía que se le revocara una sanción disciplinaria emitida en su contra por el Consejo Superior de la Judicatura, por omitir la misma prohibición. En el caso concreto, la Sección Segunda rechazó la acción por improcedente, debido a que habían pasado más de dos años desde la notificación de la decisión judicial cuestionada. Uno de los argumentos del accionante era, precisamente, que Álvarez había actuado en este proceso como juez constitucional (C. P. Gustavo Gómez Aranguren).