El Consejo de Estado sostuvo que si el perjuicio está relacionado con la inobservancia de un deber legal que no haya sido atendido por la autoridad respectiva, esta debe hacerse responsable patrimonialmente de la reparación. En este caso, donde el daño se originó por el ataque de un oso a la asistente a un espectáculo circense, la corporación encontró que la administración incurrió en falla del servicio, pues el circo operaba con una licencia cuyo trámite no cumplió con todos los requisitos legales. Esto, dice la Sala, debido a que, en cumplimiento del artículo 15 del Decreto 115 de 1998, el Distrito Capital no podía otorgar la licencia para la realización del espectáculo sin exigir una descripción detallada de aquel y sin indagar expresamente sobre la utilización de animales fieros (M. P. Olga Mélida Valle de de la Hoz).