La norma que impone la renovación anual del Registro Único Empresarial durante el primer trimestre del año fue declarada exequible por la Corte Constitucional (artículo 166 del Decreto-Ley 019 del 2012). El alto tribunal coincidió con la postura expresada por la Procuraduría, que consideraba que esta disposición no daba origen a un nuevo trámite, sino que integraba los ya existentes en la materia. Según el Decreto-Ley Antitrámites, el organismo que controle las cámaras de comercio deberá expedir los formatos y otras condiciones para regular este trámite.