La Corte Constitucional respaldó dos decisiones proferidas por la jurisdicción administrativa en las que se negó la protección al derecho a la igualdad y debido proceso presuntamente vulnerados con la declaratoria de caducidad de las acciones de reparación directa con las que se pretendía la indemnización de los perjuicios causados con ocasión de la privación injusta de la libertad de sus demandantes. 

El alto tribunal desvirtuó las pretensiones del demandante, aduciendo que el Consejo de Estado realizó una aplicación correcta de la norma sobre caducidad, en armonía con la interpretación sistemática consolidada en la jurisprudencia. Así, la interpretación de la caducidad que en su momento efectuó  el Consejo no violó la Constitución, ni los derechos fundamentales del tutelante, entre los cuales se encontraba el debido proceso.

Según el alto tribunal, por regla general,  y de acuerdo a la jurisprudencia emitida por el mismo Consejo de Estado el término de caducidad de la acción de reparación directa en los casos en los cuales se invoca la privación injusta de la libertad se cuenta a partir del día siguiente a la ejecutoria de la providencia en la cual se determina la absolución o preclusión de la investigación en favor del procesado, puesto que solo a partir de ese momento es posible inferir la existencia de un daño antijurídico.

En efecto, indicó que es posible que en algunos eventos el demandante obtenga la libertad por una u otra medida jurisdiccional, pero hasta tanto la decisión no haya cobrado fuerza ejecutoria no se tendrá plena certeza sobre la ocurrencia del daño antijurídico y, en consecuencia, no será viable la reclamación indemnizatoria (M. P. Gloria Stella Ortiz). (Lea: Caducidad de reparación directa se cuenta desde que se conoce participación estatal)

Corte Constitucional, Sentencia T-667/15

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