El Consejo de Estado revocó la sanción de destitución e inhabilidad de 12 años para ejercer cargos públicos que la Procuraduría General de la Nación le impuso al exalcalde de Medellín Alonso Salazar por participación en política, y dictó una sentencia de remplazo, en la que optó por decretarle una amonestación.

El alto tribunal sostuvo que si bien hay diferencias en la manera como la Corte Constitucional, el Ministerio Público y el juez contencioso-administrativo han interpretado la prohibición de la participación en política de los funcionarios, esta no debe llevarse al extremo de considerar que cualquier acto o palabra proferidos en ejercicio de sus funciones la configura.

Esto, explicó, equivaldría a aplicar una óptica incriminatoria, “asumiendo que existe una prohibición total de participación en política sin excepciones constitucionales y legales y atribuyéndose la potestad de escudriñar cada movimiento de los servidores públicos, a la búsqueda activa de la infracción, para detectar y reprimir con dureza”.

El hecho de que el sancionado se haya referido a los supuestos vínculos con paramilitares de un candidato a la alcaldía que él mismo ocupaba no configura la falta gravísima que le atribuyó la Procuraduría, sino en una falta leve, que lo haría merecedor a una amonestación, por el uso indebido de una información privilegiada a la que tuvo acceso, concuyó la corporación.

De otro lado, reiteró que la presunción de legalidad de las decisiones disciplinarias no se debe confundir con su intangibilidad. De allí la legitimidad del ejercicio del control jurisdiccional con el que se decretó la nulidad de la destitución e inhabilidad de Salazar

(Consejo de Estado, Sección Segunda, noticia, Expediente 11001032500020130011700 (02632013), mar. 27/14, C. P. Gustavo Gómez)