La fuerza pública ostenta la custodia y resguardo de los instrumentos destinados a la prestación de los servicios encomendados en la Constitución y en el ordenamiento jurídico. Por lo anterior, debe existir un grado notable de disciplina y control estricto sobre sus agentes, su armamento y sus vehículos automotores, con el fin de impedir que tales instrumentos sean utilizados para causar daños a los particulares o que se destinen a la comisión de actividades delictivas, señaló el Consejo de Estado. Para el caso concreto, el alto tribunal precisó que la muerte de una persona dentro de una estación de Policía, en la cual se vio involucrado de forma directa un integrante de esa institución, más allá de un juicio de responsabilidad netamente fáctico, le resulta imputable jurídicamente a la entidad (C.P. Hernán Andrade Rincón).