El consejero  de Estado Guillermo Vargas Ayala le propuso a la Sala Plena del Consejo de Estado mantener la suspensión provisional de la destitución e inhabilidad que le impuso la Procuraduría General de la Nación al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro.

Para el juzgador, el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que le negó la acción de amparo al burgomaestre desconoció el mandato del artículo 29 de la Constitución, que obliga a las autoridades a garantizar el debido proceso a los administrados. A su vez, considera demostradas las irregularidades en la sustanciación de la actuación disciplinaria, en asocio con el derecho al sufragio pasivo.

De aprobarse esta ponencia, el amparo se concedería como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, y estaría condicionado a que el actor haga uso de los medios de control ordinario disponibles.

A esta hora, la Sala Plena del Consejo de Estado continúa reunida discutiendo sobre el tema.

Tras haber rechazado nueve de los impedimentos presentados por magistrados de la corporación, se espera que la Sala determine si unifica todos los expedientes relacionados con la impugnación de las sentencias de tutela falladas en este caso, algunas de las cuales mantienen suspendida la sanción al alcalde.

Cabe precisar que Vargas había pedido aceptar los impedimentos presentados por ocho de sus compañeros, posición que fue derrotada la semana anterior, ya que, según la Sala, de los  lazos de consanguinidad con funcionarios de la Procuraduría y el Distrito Capital no puede concluirse que existía interés directo en la decisión.

(Consejo de Estado Sala Plena, Ponencia, 25000234200020130687101, Feb. 18/2014, M. P. Guillermo Vargas)