La Sección Primera del Consejo de Estado advirtió que el concejo es una corporación pública de origen popular que desempeña funciones de naturaleza legislativa y no administrativa. En su opinión, carece de personalidad jurídica y no puede actuar como parte o intervenir en procesos judiciales o extrajudiciales. En el caso analizado, confirmó la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que decretó la suspensión provisional del artículo 33 del Decreto 581 del 2007, por el cual el Alcalde Mayor de Bogotá le asignó al Concejo la representación legal y judicial del Distrito Capital en los procesos relacionados con fuero sindical (C. P. María Claudia Rojas Lasso).