Condenan a la Nación por entrega tardía de cadáver relacionado con el holocausto del Palacio de Justicia

El Consejo de Estado conoció los recursos de apelación de la Policía Nacional y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Medicina Legal) contra un fallo proferido el 29 de octubre del 2020 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante el cual se accedió parcialmente a las pretensiones de una acción de reparación directa frente a la muerte y desaparición de una persona que se desplazaba por inmediaciones del Palacio de Justicia en los hechos ocurridos el 6 de noviembre de 1985.

Particularmente, el alto tribunal encontró acreditada la falla del servicio por parte de Medicina Legal en consideración a las irregularidades en el método de identificación y en el manejo de los cadáveres que ingresaron a sus instalaciones como consecuencia de los hechos mencionados. Se analizó el caso de René Francisco Acuña Jiménez, cuyo cadáver a pesar de ser reconocido por sus familiares y de que se tomaron huellas dactilares fue entregado a la Policía Nacional. (Lea: Apertura oficial al Centro de Memoria del Holocausto del Palacio de Justicia y del Derecho a la Vida)

Lo anterior, agregó, sin verificar su verdadera identidad, para lo cual se pudo acudir al procedimiento de dactiloscopia y contar con el apoyo de la Registraduría Nacional del Estado Civil o a la toma de muestras de sangre, más aún cuando existían inconsistencias respecto del nombre con el que ingresó a las instalaciones y de su aparente calidad de guerrillero.

Fosa común

A juicio de la Sala, estos errores posibilitaron que el cuerpo del occiso terminara en una fosa común del cementerio del sur de Bogotá por muchos años, hasta el momento en que sus restos óseos fueron identificados y entregados de manera definitiva a las demandantes el 1 de abril del 2016, como resultado de una investigación de la Fiscalía General de la Nación, lo cual constituye un trato denigrante para el fallecido y sus familiares, además de grave violación de los derechos humanos.

Entre otras medidas, Medicina Legal y la Fiscalía General de la Nación deberán difundir entre todos sus funcionarios un documento de información y capacitación con el propósito de garantizar que los cadáveres sean buscados diligentemente y entregados a los familiares, en el que además se advierta acerca de las consecuencias, responsabilidades y sanciones que para el Estado colombiano representan y/o generan conductas u omisiones como las que dieron lugar al pronunciamiento.

Se declaró patrimonialmente responsable a la Nación (Ejército Nacional, Policía Nacional, Medicina Legal y Fiscalía General de la Nación) por la muerte y desaparición de René Francisco Acuña Jiménez y se condenó a pagar solidariamente varias sumas de dinero a título de indemnización de perjuicios morales y materiales (C. P. María Adriana Marín).

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