Por medio del Decreto 21 del pasado 15 de enero, la Alcaldía de Bogotá delegó en los alcaldes locales de la ciudad el conocimiento y trámite de las solicitudes de amparo policivo que promuevan las empresas de servicios públicos domiciliarios (ESP), en eventos de restitución de inmuebles que los particulares hayan ocupado contra la voluntad o sin conocimiento de las mismas o para que cesen los actos que entorpezcan o amenacen perturbar, en cualquier tiempo, el ejercicio de sus derechos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 29 de la Ley 142 de 1994. Para ello, es necesario dar cumplimiento a lo previsto en el Decreto 1575 del 2011, reglamentario del tema.