El abogado que está inconforme con las decisiones adoptadas por el juez en un proceso no puede emitir expresiones descalificantes e injuriosas que afecten el buen nombre de este último y la administración de justicia, resaltó la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Por el contrario, ante una eventual irregularidad cometida por el funcionario judicial en la actuación, el profesional del Derecho podrá acudir a las instancias y organismos pertinentes, pero no puede aplicar justicia por su propia mano y censurar los hechos que no le incumben, pues esto corresponde a las autoridades competentes, explicó la corporación. Así las cosas, el alto tribunal confirmó la sentencia que suspendió a un abogado durante tres meses, pues este se dirigió con frases gravemente ofensivas y vulgares a un juez, a quien también amenazó y lo retó, a sus espaldas, a enfrentarse a golpes. En efecto, esa conducta se enmarca en la falta descrita en el artículo 32 de la Ley 1123 del 2007, esto es, injuriar o acusar temerariamente a los servidores públicos, abogados y demás personas que intervengan en los asuntos profesionales (M. P. Angelino Lizcano).