Aunque en principio las administraciones públicas cooperativas son personas de derecho privado, pues están sometidas a las normas de cooperativismo actualmente vigentes, por sus asociados y los recursos públicos que manejan tienen tratamiento especial en algunos temas, como la contratación con el Estado, ya que en este evento se asimilan a entidades públicas sin que lo sean. Los efectos no pueden confundirse con la naturaleza jurídica, indicó la Contraloría General de la República, en concepto de abril.