Políticas de defensa jurídica implementadas por la ANDJE redujeron litigios en un 5,3 %

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) presentó el Informe de litigiosidad de cierre del 2024, destacando la estrategia implementada para proteger los recursos públicos y reducir la litigiosidad.

A lo largo del año pasado, la Agencia logró un aumento significativo en su tasa de éxito, alcanzando un 89,8 % de fallos favorables en los procesos donde intervino. Este resultado subraya la importancia de la defensa jurídica estratégica aplicada, que no solo contribuye a la protección de los recursos públicos, sino también al acceso a la justicia y a la garantía de derechos fundamentales en el país.

Uno de los logros más notables fue la reducción en la cantidad de procesos admitidos contra la Nación, que disminuyó en un 5,3% en comparación con el año anterior. Esto es producto de las políticas integrales de defensa jurídica implementadas por la Agencia, tales como la prevención de daños antijurídicos, la asesoría legal a entidades públicas y la mediación de conflictos. (Lea: Colombia presenta memorial de defensa en caso galeón San José)

Además, la aplicación de mecanismos alternativos de solución de conflictos y el fomento de la unificación de jurisprudencia han sido claves para fortalecer la seguridad jurídica y el reconocimiento temprano de los derechos en diversos ámbitos.

El informe también destaca el trabajo realizado en la reducción de la relación condena-pretensión a tan solo el 0,06 % en los procesos judiciales nacionales. Esto fue posible gracias a un litigio estratégico en coordinación con las entidades públicas demandadas, lo que permitió evitar condenas por un monto de $ 150,2 billones. Este esfuerzo refleja el compromiso de la ANDJE por proteger los intereses del Estado, asegurando que los recursos públicos no sean desviados por fallos desfavorables.

En el ámbito internacional, Colombia enfrentó nueve laudos de controversias de inversión durante 2024, que ascendían a casi $ 12 billones. Sin embargo, la defensa jurídica evitó que el país fuera condenado por una suma de $ 9,58 billones.

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