Un análisis realizado por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado al ordenamiento jurídico y a los instrumentos internacionales que procuran prevenir, sancionar y conjurar los actos de corrupción en la contratación estatal le permitió llegar a una serie de aclaraciones a preguntas hechas por el Gobierno Nacional. Es necesario decir que en los documentos adjuntos a esta nota se abordan distintas hipótesis sobre riesgos en la corrupción en la contratación estatal. Como consecuencia, los conceptos también advierten sobre la deficiencia de las normas actuales para precisar ciertas hipótesis que, en el ámbito de la lucha contra la corrupción, deberían generar inhabilidades o incompatibilidades para contratar con el Estado. Es necesario mencionar que el consejero Álvaro Namén Vargas fue el encargado de proyectar estos pronunciamientos. Pero también que resulta evidente la falta de desarrollo legal suficiente para dar eficacia plena a los principios constitucionales y a los compromisos asumidos por Colombia en virtud de los instrumentos internacionales suscritos, así como a los acuerdos bilaterales de asistencia judicial. Al respecto, concluyen acerca de la necesidad de establecer una serie de protocolos, procesos y medidas, con el fin de que las autoridades nacionales competentes hagan viable y eficiente la aportación de pruebas provenientes del extranjero, en particular de las providencias judiciales que pudieran tener efecto en la contratación estatal en Colombia para configurar supuestos de inhabilidad o incompatibilidad (C. P. Álvaro Namén Vargas).