Cuando se dispone el retiro del servicio activo de un miembro de la Policía, la calificación de la invalidez configura un acto preparatorio para esta decisión, pero por sí sola no pone fin a una actuación administrativa, por lo que no es demandable ante la jurisdicción, dado que esa calificación no contiene la voluntad administrativa respecto de peticiones relativas al derecho de reintegro. En este tipo de eventos, el acto a demandarse es aquel que contiene la voluntad de la administración que dispone el retiro del servicio del integrante de la Policía. Sin embargo, existen otras circunstancias que deben ser evaluadas por el juez al momento de estudiar cada caso, dependiendo de la demanda concreta, en las que las actas de valoración de incapacidad referidas pueden ser demandables directamente ante la jurisdicción (C. P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren).