Los proyectos de ley pendientes de sanción presidencial

Ámbito Jurídico presenta algunos de los proyectos de ley que han hecho tránsito en el Congreso de la República y que ahora están a punto de convertirse en ley, tanto de la legislatura pasada como del primer periodo de la legislatura 2016 – 2017, que aún no ha terminado. Algunas de las propuestas han sido aprobadas en último debate, otras conciliadas y algunas enviadas ya a Presidencia de la República para su respectiva sanción.

Es de aclarar que los textos pueden ser objetados por el Gobierno, bien sea por inconveniencia o por inconstitucionalidad. De lo contrario, las propuestas se convertirán pronto en ley de la República.

Dentro de las más importantes está el que sería el nuevo Código Disciplinario, iniciativa que pasó a sanción presidencial luego que la plenaria de la Cámara de Representantes aprobara el texto rehecho, esta semana, el Senado había hecho lo propio la semana pasada. La iniciativa remplazará la Ley 734 del 2002. Consulte aquí los principales cambios que contempla el proyecto.

Cabe recordar que este proyecto de ley había recibido aprobación por parte del Congreso hace más de un año, sin embargo, Presidencia de la República objetó el texto por razones de inconveniencia e inconstitucionalidad y se requirió el pronunciamiento de la Corte Constitucional al respecto.

Por otra parte, está la norma que elimina el cobro por reconexión de servicios públicos domiciliarios. Dicha iniciativa, que fue aprobada en último debate en la plenaria de la Cámara de Representantes, modifica la Ley 142 de 1994 en el sentido de eliminar el cobro por la reinstalación de servicios públicos domiciliarios, siempre y cuando el servicio haya sido efectivamente suspendido o cortado por causas imputables al usuario y/o suscriptor. El beneficio aplicará para inmuebles residenciales de estratos 1, 2 y 3. (Lea: Se eliminó el cobro por reconexión de servicios públicos domiciliarios)

También está el que sería el nuevo régimen sancionatorio del transporte, iniciativa compuesta por 122 artículos y que pretende modificaciones a la estructura administrativa y funcional de la actual Superintendencia de Puertos y Transporte, la cual cambiaría su nombre a Superintendencia de Transporte, Puertos e Infraestructura. Además, se fijaría una contribución especial para dicha entidad, con el fin de financiar su costo operativo. Aquí más detalles de la extensa reforma al Código Nacional de Tránsito.

Otros proyectos pendientes

Propuesta para que el Gobierno informe al Congreso avances de TLC. Sería obligación del Ejecutivo, a través del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, rendir un informe anual sobre los impactos (negativos y positivos) en materia macroeconómica de los distintos sectores económicos involucrados en los tratados de libre comercio (TLC) ratificados por Colombia, e informar sobre el estado de la balanza comercial con los países con los cuales se tienen estos acuerdos comerciales.

Icetex asumiría gastos por cobranza prejurídica. La iniciativa pretende que el Icetex asuma los gastos en que incurra por concepto de la cobranza prejurídica de cartera de créditos educativos hasta el momento en que se presente la demanda judicial. Así, quedaría prohibida de manera taxativa la transferencia al deudor del gasto prejurídico, puesto que dichos costos deberán ser asumidos por la entidad pública.

Constitución Política será traducida a lenguas indígenas y raizales. Así lo establece una iniciativa que fue aprobada en último debate por el Senado de la República y que pasó a sanción presidencial. Así las cosas, será responsabilidad del Gobierno, por intermedio de los ministerios del Interior, Cultura y Educación, realizar la socialización, pedagogía y posterior traducción de la Constitución a las lenguas y dialectos ancestrales, nativos, criollo palenquero, raizal creol y rom (gitanos). Los ministerios anteriormente señalados contarán con un plazo de 12 meses para dar cumplimiento a señalado dentro de la futura ley.

Estatuto de Ciudadanía Juvenil. Con esta iniciativa, impulsada por el Ministerio del Interior, las personas entre 14 y los 28 años de edad serían convocadas a las urnas para elegir a sus consejeros municipales y locales de juventud. Los menores de edad entre 14 y 17 años podrán ejercer su derecho al voto e incluso serán citados como jurados de votación.

También es oportuno mencionar los siguientes proyectos: Universidad Surcolombiana recibirá hasta $ 300 mil millones por renovación de estampilla, Estampilla pro desarrollo fronterizo y fortalecimiento económico de la UIS, entre otras.

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