La Ley Ángel y el derecho procesal animal

Carlos Andrés Muñoz López
Profesor universitario, abogado, filósofo y magíster en Bioética
Autor del libro ‘Los animales desde el Derecho’

En Colombia, la reciente aprobación de la Ley Ángel en el Congreso de la República marca un hito en la protección de los animales, consolidándose como una de las normativas más avanzadas en la lucha contra el maltrato animal. Sin embargo, más allá de sus implicaciones sustantivas, esta ley plantea avances significativos e interrogantes fundamentales en el ámbito procesal. En este sentido, la ley termina de abrir una puerta al inicio del derecho procesal animal, un campo emergente que resulta esencial para garantizar la efectiva aplicación de los principios de protección y justicia para los animales.

El derecho procesal animal es una necesidad inaplazable y casi un deber social del Derecho. El derecho procesal animal, entendido como el conjunto de normas y principios que regulan los procedimientos judiciales y administrativos en materia de protección animal, es una disciplina aún incipiente. No obstante, su desarrollo es fundamental para lograr que las disposiciones sustantivas, como las contempladas en la Ley Ángel, no se queden en simples declaraciones de buenas intenciones.

La necesidad de un derecho procesal animal se puede fundamentar desde en tres aspectos claves (no lo únicos) dados por la Ley Ángel:

(i) Legitimación procesal: La Ley Ángel introduce mecanismos para sancionar penal y policialmente a quienes cometan actos de crueldad contra los animales. Sin embargo, aún se requiere una regulación específica que determine quiénes pueden actuar en representación de los intereses de los animales en los procesos judiciales. Actualmente, los fiscales y algunos colectivos de protección animal cumplen este rol, pero una regulación más clara podría fortalecer la participación de organizaciones, abogados especializados y, sobre todo, consultorios jurídicos de las facultades de Derecho en el país.

(ii) Medios de prueba: La ley establece la obligación de la Fiscalía de desarrollar guías técnicas forenses para la recolección y valoración de pruebas en casos de maltrato animal. Esto representa un avance crucial, ya que muchos procesos han fracasado por la falta de soporte pericial adecuado y la ausencia de especialistas de las ciencias veterinarias forenses. No obstante, es necesario que el derecho procesal animal profundice en el estándar probatorio aplicable, estableciendo criterios claros para la aceptación de peritajes veterinarios y otros elementos de prueba.

(iii) Medidas cautelares y ejecución de sanciones: La posibilidad de que la Policía ingrese a domicilios en caso de peligro inminente para un animal es un paso adelante en la protección efectiva. Sin embargo, el derecho procesal animal debería desarrollar aún más el catálogo de medidas cautelares aplicables, incluyendo la posibilidad de suspender derechos de tenencia de animales de manera inmediata en ciertos casos, o la creación de unidades especializadas en la ejecución de sanciones impuestas por maltrato animal.

Por otra parte, uno de los aspectos más innovadores de la Ley Ángel es la creación de un registro de condenados por delitos contra los animales, una herramienta clave para evitar la reincidencia. Sin embargo, la efectividad de este registro dependerá de su integración con otras bases de datos y de la implementación de mecanismos de consulta ágiles por parte de las autoridades judiciales y administrativas.

Además, la inclusión de capacitación obligatoria para fiscales, jueces e inspectores de policía en materia de protección animal es un reconocimiento a la necesidad de especialización en este campo. Esto sienta las bases para la creación de juzgados o fiscalías especializadas en derecho animal.

El derecho procesal animal no solo implica la creación de normas específicas, sino también la transformación de la cultura jurídica y de la manera en que se conciben los procedimientos judiciales. La Ley Ángel constituye un avance sustancial, pero su eficacia dependerá de la consolidación de un sistema procesal acorde a sus principios.

Colombia tiene la oportunidad de convertirse en un referente en la protección procesal de los animales. Para ello, es necesario avanzar en la definición de reglas claras sobre la legitimación, la carga probatoria, las medidas cautelares y la ejecución de sanciones. La creación de un Código de protección y bienestar animal que incluye también el ámbito procesal animal sigue siendo un paso pendiente.

La Ley Ángel no solo intenta proteger a los animales, sino que también desafía al sistema de justicia a adaptarse a nuevas realidades. Es momento de que el derecho procesal animal deje de ser una propuesta teórica para convertirse en una herramienta efectiva de justicia y protección. El llamado no es tanto a animalistas que, mucho se preocupan diariamente por los animales, sino a instituciones con tradición jurídica para que aborden este tipo de temáticas. Qué lindo sería una reflexión, por ejemplo, desde Instituto Colombiano de Derecho Procesal o de la misma Fiscalía en conjunto con la Policía Nacional.   

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